La Revolución Radical de 1905 fue un nuevo alzamiento cívico-militar protagonizado por la Unión Cívica Radical entre el 4 y el 8 de febrero de 1905 bajo el liderazgo de Don Hipólito Yrigoyen que tenía como objetivo de lograr el viejo anhelo de terminar con el fraude electoral en la Argentina.
El partido radical que había declarado el 29 de febrero de 1904 por medio del Comité Nacional la "abstención electoral de todos los radicales de la República” se encontraba inmerso en una profunda crisis interna tras las derrotas sufridas en la Revolución del Parque de Artillería de 1890 y la Revolución Radical de 1893 que se profundizó con el suicidio de Leandro Alem y la muerte de Aristóbulo del Valle en 1896. En este contextos se organizan levantamientos en Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe que en su mayoría fueron sofocados rápidamente con excepción de Córdoba y Mendoza que continuaron luchando con duros enfrentamientos durante 4 días.
Fue una de las rebeliones más importantes que sufrió el país, por el número de personas comprometidas, las fuerzas vinculadas y la extensión del movimiento.
Se había trabajado con mucho sigilo pero, a pesar de eso, el gobierno estaba avisado de la situación. En la Capital Federal, las medidas represivas sofocaron en sus comienzos al movimiento. Los revolucionarios fallaron al no poder asegurar el control del arsenal de guerra de Buenos Aires cuando el general Carlos Smith, jefe del Estado Mayor del Ejército desplazó a los soldados yrigoyenistas. Las tropas leales al régimen y la policía recuperaron pronto las comisarías tomadas por sorpresa y los cantones revolucionarios radicales. En Córdoba los revolucionarios toman prisioneros al vicepresidente José Figueroa Alcorta a quien obligaron a tener una conferencia telegráfica con el Presidente Manuel Quintana para solicitarle la renuncia a cambio de su vida, sin embargo el Presidente no cedió y la amenaza no fue ejecutada. En la misma redada intentaron detener al ex presidente Julio Argentino Roca, quien avisado de esta circunstancia logró escapar a Santiago del Estero. En cambio, fueron detenidos su hijo, el diputado Julio Argentino Pascual Roca, y Francisco Julián Beazley, ex jefe de policía de Buenos Aires e interventor de San Luis.
El gobierno nacional tras la contienda tomó represalias desmesuradas deteniendo, no solo a los radicales involucrados en los hechos, sino también a obreros agremiados e integrantes del anarquismo y el Partido Socialista, prohibiendo además su diarios a pesar que este último había llamado a no participar de la revolución.
Tres meses después de los hechos Hipólito Yrigoyen se presentó detenido en el Juzgado Federal asumiendo toda la responsabilidad del movimiento. Luego de un breve interrogatorio fue dejado en libertad bajo fianza, y todos los detenidos e imputados de la revolución fueron indultados tras asumir como presidente Figueroa Alcorta por la muerte de Quintana.
Aunque nuevamente la revolución no tuvo éxito en terminar en forma inmediata con el fraude imperante, sirvió para convencer a muchos de los dirigentes de la época en que se hacía necesario realizar cambios profundos en el sistema político vigente que se conseguiría finalmente en 1912 con la sanción de la Ley Saenz Peña.